El Derecho de alimentos es aquel que la ley otorga a una persona para demandar de otra, que cuenta con los medios para proporcionárselos, lo que necesite para subsistir de un modo correspondiente a su posición social, que debe cubrir a lo menos habitación, vestidos, salud, movilización, enseñanza básica y media, aprendizaje de alguna profesión u oficio, entre otros.

Este derecho se hace efectivo en lo que se denomina “pensión de alimentos”.

El artículo 321 de nuestro Código Civil, señala que se deben alimentos al cónyuge, a los descendientes, a los ascendientes, a los hermanos y al que hizo una donación cuantiosa, si no no hubiere sido rescindida o revocada.

En esta primera parte, se dará respuesta a cinco preguntas frecuentes sobre la pensión de alimentos, enfocada en aquella que se debe a los descendientes, concretamente a los hijos.

¿En que consiste el “Derecho de Alimentos”?

El derecho de alimentos consiste en una suma de dinero que de acuerdo a nuestra legislación, debe “habilitar al alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social”, en consecuencia, este monto debe cubrir aquellos gastos relativos a la educación, vivienda, vestuario, salud, esparcimiento y cualquier otro relacionado con la vida del alimentado, en este caso, el hijo.

¿Existe un mínimo o un máximo?

Existe un mínimo legal, que equivale al 40% del Ingreso Mínimo Mensual (a Agosto de 2020 $128.200) sin embargo, las partes pueden, de común acuerdo, fijar un monto inferior. En cuanto a un máximo, la ley señala que no pueden exceder del 50% de las rentas del alimentante, en este caso concreto, nos referimos al padre o a la madre, por regla general.

¿Hasta cuando se deben alimentos?

El artículo 332 del Código Civil indica que los alimentos que se deben por ley se entienden concedidos para  toda la vida del alimentario, mientras continúen las circunstancias que legitimaron la demanda.

En el caso de los hijos, se deben hasta los 21 años, pero si están estudiando una profesión u oficio, este derecho va a existir hasta los 28 años y se van a extender si se configura alguna de las circunstancias que haga que un juez los considere indispensables para la subsistencia del alimentario.

¿Una vez determinado el monto de la pensión de alimentos, puede modificarse?

Sí, se debe pedir su reajuste semestral, de acuerdo a la variación del IPC. También existe la opción de demandar aumento, rebaja o cese de alimentos si las circunstancias de hecho que servían de fundamento al mismo, han cambiado.

Existe una pensión de alimentos, pero no la están pagando ¿Qué medios tengo para hacerlos cumplir?

La ley establece una serie de mecanismos para hacer efectivo el pago de la pensión de alimentos y que pueden consistir en apremios nocturnos (“ir a dormir a la cárcel”), retención de un porcentaje del sueldo, retención de la devolución de impuestos, suspensión de la licencia de conducir, entre otros. Éstos deben ser solicitados y decretados por un juez.

Dadas las estadísticas que han salido a la luz, en las que solo un 16% de los alimentantes, pagan la pensión de alimentos, estos mecanismos que establece la resultan más que insuficientes para garantizar no solo la entrega de dinero para cubrir necesidades básicas de los hijos y que lamentablemente son los más perjudicados dentro del sistema institucional imperante.

El derecho de alimentos contempla mucho más que “la alimentación”, entendida en su sentido restringido, y es objeto de regulación no solo en el derecho interno. De acuerdo a Tratados Internacionales en la materia y principios básicos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los niños, niñas y adolescentes no son solo objeto de protección, si no que también son sujeto de derechos. En este sentido, no solo están al cuidado de sus padres o de otros adultos que los amparen en sus necesidades económicas, sociales y afectivas, sino que también son responsables de ellos, todo el aparato estatal, el que no ha sabido dar respuesta eficiente a ésta y muchas otras situaciones que les afectan.

El no pago de las pensiones de alimentos son solo una arista del problema que ha salido a la luz por un tema coyuntural, pero hay que tener siempre presente que no es el único ni el más importante.

Así, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos señala que “1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”.

En el mismo sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño , puntualmente en su artículo 27 n°1 señala que “Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social” y en el N°4 indica que “(l)os Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño(…)”

El Estado y sus instituciones no han sabido dar respuesta eficiente a esta y muchas otras situaciones que afectan a niños, niñas y adolescentes, toda vez que los apremios que establece la ley no son suficientes para garantizar el cumplimiento (voluntario o forzado) de las obligaciones contenidas en Tratados Internacionales, ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, en relación al art. 5° inciso 2° de nuestra Carta Fundamental, por lo mismo, es necesario un esfuerzo mayor e integral y fuera de lo netamente económico, para alcanzar un mínimo en los estándares que nuestros niños, niñas y adolescentes merecen.

Mariajosé Osorio Hernández

Abogada